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En cada uno de los Estados Miembros de la Unión Europea existen diferentes requisitos relativos a la provisión de empleo para personas con discapacidad. Tradicionalmente, el más común era la imposición a los empresarios de contratar a un cierto porcentaje o "cuota" de personas discapacitadas. En países como Francia y Alemania, se puede elegir pagar en vez de contratar la cuota requerida. En otros, los empresarios están sujetos a penalizaciones económicas si no cumplen con la legislación.

 

Actualmente hay un interés creciente (por ejemplo, en Irlanda y Suecia) en el acercamiento que se ha realizado en el Reino Unido, así como en Estados Unidos y otros países fuera de la Unión Europea. Esto hace que sea ilegal el trato discriminatorio que dan los empresarios a los aspirantes y trabajadores discapacitados simplemente por su discapacidad.

 

En cualquier acercamiento que se haga, las implicaciones para los empresarios son las mismas. Si no se acercan de una manera positiva al empleo de las personas discapacitadas, lo único que pueden esperar es pagar un impuesto o una multa.