Desde la óptica de la reserva legal de contratar a trabajadores discapacitados como medida de impulso al empleo, se han introducido cambios legislativos que por primera vez tipifican de manera autónoma como infracción grave el incumplimiento por parte del empresario de la cuota de reserva o de las medidas alternativas correspondientes. La sanción que corresponde a este tipo de infracción va de 300 a 3.000 euros y la inhabilitación para contratar con las Administraciones Públicas.